La intención del expresidente estadounidense Donald Trump de designar a Perú como Aliado Mayor No Perteneciente a la OTAN (MNNA, por sus siglas en inglés) no es un gesto diplomático menor ni un simple reconocimiento simbólico. Se trata de una decisión con implicancias geopolíticas, económicas y de seguridad que reconfigura el rol del país andino en el mapa estratégico de Estados Unidos y en la delicada arquitectura regional latinoamericana.
Según el mensaje presidencial enviado por la Casa Blanca a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, paso formal requerido para este tipo de designaciones, Trump justifica la iniciativa en las “prioridades de seguridad compartidas” entre ambos países, particularmente en estabilidad regional, lucha contra el narcotráfico y fortalecimiento de los lazos económicos. El movimiento se inscribe en una ofensiva más amplia de Washington para consolidar apoyos en América Latina frente a la crisis venezolana y el avance del crimen organizado transnacional.
Un respaldo político en un momento de fragilidad institucional
La propuesta llega en un momento especialmente sensible para el Perú. Con José Jeri como octavo presidente en apenas una década, un mandato interino que expira en julio y elecciones generales programadas para abril, el país atraviesa una etapa de transición política marcada por la desconfianza ciudadana y la urgencia de resultados en materia de seguridad.
En ese contexto, el estatus de aliado estratégico puede leerse como un espaldarazo político externo a un gobierno que ha prometido endurecer su postura frente al crimen. No es casual que Trump, cuyo discurso ha sido consistentemente duro contra el narcotráfico, vea en Perú un socio clave: el país sigue siendo, junto con Colombia y Bolivia, uno de los principales productores de hoja de coca a nivel mundial
El propio primer ministro peruano, Ernesto Álvarez, reconoció públicamente que se trata de “una estrategia novedosa del gobierno estadounidense” y subrayó que el objetivo del Ejecutivo es capitalizarla en beneficio de la sociedad peruana, un mensaje que refleja cautela, pero también pragmatismo.
Más que un símbolo: acceso a privilegios militares y económicos
Ser designado aliado mayor no perteneciente a la OTAN no implica obligaciones automáticas de defensa mutua, pero sí abre una serie de ventajas concretas. Entre ellas, el acceso preferencial a cooperación militar, transferencia de tecnología, programas de entrenamiento y la posibilidad de que empresas peruanas participen en licitaciones del gobierno estadounidense para mantenimiento y reparación de equipos de defensa.
Además, la designación suele fortalecer la confianza bilateral en ámbitos sensibles como inteligencia, ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas, lo que adquiere especial relevancia en un país que enfrenta redes criminales cada vez más sofisticadas.
En América Latina, Perú se sumaría así a un grupo reducido que ya incluye a Argentina, Colombia y Brasil, consolidándose como uno de los socios estratégicos más cercanos de Washington en la región.
El factor Venezuela y la presión regional
La decisión no puede analizarse al margen de la política exterior de Trump hacia Venezuela. El expresidente ha intensificado su retórica y acciones contra lo que considera un régimen que “permite el flujo de narcóticos ilegales hacia Estados Unidos”, incluyendo ataques a presuntos barcos de narcotraficantes y amenazas de operaciones terrestres.
En este escenario, Perú aparece como un aliado geográficamente estratégico, políticamente alineado y con capacidad de cooperación logística y diplomática en un eventual cerco regional. La reciente visita del canciller peruano a Washington, donde se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio para discutir minerales críticos y la lucha contra organizaciones criminales transnacionales, refuerza esta lectura.
¿Oportunidad histórica o riesgo de alineamiento?
Para el Perú, el desafío será convertir esta designación en una oportunidad tangible, evitando que quede atrapada en una lógica de confrontación regional o dependencia estratégica. El acceso a cooperación y recursos puede fortalecer capacidades estatales largamente debilitadas, pero también exige una política exterior clara, consensuada y orientada al interés nacional.
La eventual designación como aliado mayor no OTAN coloca al país en una liga distinta dentro de América Latina. La pregunta de fondo no es solo qué gana Estados Unidos con Perú, sino qué tipo de Perú quiere proyectarse en el nuevo orden regional: uno reactivo y funcional a agendas externas, o uno capaz de negociar desde una posición de mayor peso estratégico.
En un contexto de fragmentación política interna y tensiones regionales crecientes, la jugada de Trump abre una ventana de oportunidad que, bien gestionada, podría redefinir el rol del Perú en el hemisferio. Mal administrada, en cambio, podría profundizar dependencias y tensiones que el país no está en condiciones de absorber.
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