Durante décadas, el consenso fue claro: el mercado asigna recursos con mayor eficiencia que el Estado. Sin embargo, 2026 encuentra a la economía global en una paradoja incómoda. Mientras los mercados financieros exigen previsibilidad, liquidez y reglas claras, los gobiernos han regresado con una agenda intervencionista cada vez más agresiva. Subsidios industriales, aranceles, controles a la exportación, estímulos fiscales masivos y un activismo regulatorio sin precedentes vuelven a colocar al Estado en el centro del tablero económico global.
El resultado es un entorno donde los mercados crecen, pero con nerviosismo estructural. La pregunta ya no es si el gobierno debe intervenir, sino hasta dónde puede hacerlo sin erosionar la confianza, distorsionar precios y sembrar riesgos sistémicos.
Intervencionismo estatal: una tendencia global, no ideológica
El informe de Deutsche Bank es explícito: el giro hacia políticas económicas dirigidas por el Estado no es exclusivo de China o de economías emergentes. Estados Unidos, Europa y Japón participan activamente de esta tendencia.
En EE. UU., los aranceles, las restricciones tecnológicas y los programas de gasto fiscal buscan simultáneamente tres objetivos: reindustrializar, proteger cadenas críticas y contener a China. En Europa, el discurso es distinto, pero la práctica se parece cada vez más: ayudas estatales, incentivos fiscales y fondos especiales —como el programa alemán de 500.000 millones de euros— orientados a sectores considerados estratégicos.
El problema no es la intención. El problema es la escala, la permanencia y la falta de criterios claros de salida.
Mercados financieros: cuando la intervención deja de ser tranquilizadora
En el corto plazo, el intervencionismo suele ser bien recibido por los mercados. El gasto público impulsa el crecimiento, reduce riesgos cíclicos y sostiene beneficios empresariales. De hecho, Deutsche Bank mantiene una visión constructiva sobre renta variable para 2026, apoyada en estímulos fiscales y monetarios coordinados.
Pero el mismo informe advierte un punto crítico: la intervención constante aumenta el riesgo de mala asignación de capital. Subsidios mal diseñados, protección artificial de industrias poco competitivas y decisiones políticas que sustituyen señales de mercado terminan generando ineficiencias difíciles de corregir.
Los mercados, lejos de ser irracionales, reaccionan con volatilidad cuando perciben que el precio del riesgo deja de reflejar fundamentos y empieza a responder a decisiones discrecionales del poder político.
Aranceles, subsidios y controles: distorsiones con efectos secundarios
Uno de los datos más contundentes del informe es que los aranceles estadounidenses se encuentran en niveles cercanos a los más altos de los últimos 100 años. Aunque se presenten como instrumentos de seguridad nacional o política industrial, en la práctica actúan como impuestos indirectos que encarecen cadenas de suministro y reducen márgenes corporativos.
En Europa, el riesgo es distinto pero igualmente relevante: la expansión de ayudas estatales sin una coordinación fiscal real puede fragmentar el mercado único y profundizar asimetrías competitivas entre países.
El denominador común es claro: la intervención prolongada tiende a generar dependencia, tanto en empresas como en sectores completos, debilitando incentivos a la innovación y a la eficiencia.
El dilema fiscal y monetario: estímulo hoy, fragilidad mañana
El informe también subraya un elemento que los mercados no pierden de vista: el aumento sostenido de deuda pública. La combinación de estímulos fiscales expansivos y recortes de tasas crea un entorno favorable en el corto plazo, pero eleva riesgos inflacionarios y limita el margen de maniobra futuro de los bancos centrales.
Aquí emerge una tensión crítica: los gobiernos buscan crecimiento sin recesión, pero los mercados temen que esta “economía asistida” termine normalizando déficits elevados y erosionando la credibilidad de la política monetaria.
¿Hasta dónde debe llegar el gobierno?
Deutsche Bank es tajante en su diagnóstico; el rol óptimo del Estado no es dirigir la economía, sino crear el marco para que el sector privado asigne capital de forma eficiente. Esto implica invertir en infraestructura, educación, seguridad energética y regulación clara; no en seleccionar ganadores ni sostener artificialmente sectores inviables.
Cuando el Estado cruza esa frontera, el mercado no colapsa de inmediato, pero se vuelve más frágil, más reactivo y menos confiado. Y en finanzas, la confianza no es un atributo moral: es un activo económico.
Implicaciones para inversores y empresas
En este contexto, el mensaje para inversores institucionales y corporativos es inequívoco:
- Mayor intervención implica mayor necesidad de gestión activa del riesgo.
- La volatilidad deja de ser coyuntural y se vuelve estructural.
- La diversificación y el análisis fundamental recuperan protagonismo frente a narrativas políticas de corto plazo.
Los mercados no rechazan al Estado. Rechazan la imprevisibilidad, la discrecionalidad y la ausencia de reglas claras.
La pregunta clave para 2026 no es si los gobiernos intervendrán —eso ya es un hecho—, sino si sabrán retirarse a tiempo. Porque en economía, como en finanzas, intervenir es fácil; salir sin consecuencias, no tanto.
